Consejo de Estado · Sección Segunda, Subsección B
En el IBL entra lo que la ley hizo base de cotización, no lo que se devengó
Identificación
- Providencia: Sentencia de segunda instancia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B
- Radicado: 76001-23-33-000-2021-01018-01 (2894-2025)
- Fecha: 27 de agosto de 2026
- Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
- Partes: Guillermo Alberto Arias Marín, juez de la República durante más de treinta años, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP
- Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA). Apelación de la entidad demandada.
- Temas: Reliquidación pensional · IBL · Régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993 · Régimen especial del Decreto 546 de 1971 · Bonificación judicial, prima especial y bonificación por actividad judicial · Costas en lo contencioso administrativo
Decisión y Votos
Decisión: Confirma la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de 15 de agosto de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones. Sin condena en costas en segunda instancia.
Votos separados: Aclaración de voto de la consejera Elizabeth Becerra Cornejo.
Problema Jurídico
¿Tenía el demandante derecho a que en el ingreso base de liquidación se incluyeran la bonificación judicial, la prima especial y la bonificación por actividad judicial?
Reglas que deja
R1: Para el beneficiario de transición con régimen del Decreto 546 de 1971, el régimen especial conserva edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo del 75 %, pero el IBL es el de los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993.
La Subsección aplica el criterio de la Sala Plena de 28 de agosto de 2018 y la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 11 de junio de 2020 (CE-SUJ-S2-021-20). Como al demandante le faltaban más de diez años al entrar en vigor el sistema, el IBL es el promedio de lo cotizado en los diez años anteriores al reconocimiento, actualizado con IPC.
R2: El criterio de inclusión de un factor en el IBL es doble: que una disposición legal lo haya erigido en factor del ingreso base de cotización y que efectivamente se hayan hecho los aportes.
No basta haber devengado el emolumento, pero tampoco lo excluye el no figurar en el listado del Decreto 1158 de 1994: la Sala admite factores creados en desarrollo de la Ley 4 de 1992 para los servidores de la Rama Judicial. El listado del Decreto 1158 no agota la base cuando otra norma legal ordena cotizar sobre el factor.
R3: Integran el IBL de los servidores de la Rama Judicial la bonificación judicial, la prima especial y la bonificación por actividad judicial, esta última solo desde el 1.º de enero de 2009 y en una sexta parte.
La bonificación judicial, por el Decreto 383 de 2013, constituye factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones. La prima especial, creada por la Ley 4 de 1992 y regulada por la Ley 332 de 1996, integra el ingreso base únicamente para aquellos funcionarios que efectivamente la percibieron y cotizaron sobre ella. Respecto de la bonificación por actividad judicial (creada por el Decreto 4040 de 2004), la Sala reitera su posición unificada de que solo computa a partir de la vigencia del Decreto 877 de 2008 / Ley 1238 de 2008 (1.º de enero de 2009) y limitándola a la proporción en que fue concebida e integrada como base de cotización (una sexta parte).
Del texto del fallo
«la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación pensional no depende de la mera denominación o de haberlos devengado en la actividad, sino de que una norma con fuerza material de ley los haya instituido como base de cotización y que, en efecto, se hubieren realizado los aportes correspondientes durante la vida laboral».
— Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 2894-2025.
Uso en el ejercicio
- Para estructurar demandas de reliquidación de jueces y magistrados: invoque esta providencia para exigir la inclusión de la bonificación judicial, la prima especial y la bonificación por actividad judicial (desde 2009 y en proporción de 1/6).
- Carga probatoria indispensable: no olvide allegar la certificación histórica de aportes y salarios donde conste de manera indubitable que sobre dichos factores se efectuaron efectivamente las cotizaciones al sistema pensional. Sin aporte efectivo, la pretensión fracasa.
- Precisión sobre el régimen de transición: tenga presente que, tratándose del régimen especial del Decreto 546 de 1971 bajo transición, la edad, el tiempo y la tasa de reemplazo (75%) se rigen por dicho estatuto, pero el cálculo del IBL se sujeta a las reglas generales de la Ley 100 de 1993 (promedio de los últimos 10 años actualizados), tal como lo ha decantado la unificación jurisprudencial.
- Defensa institucional (UGPP / Entidades): utilice la exigencia del doble requisito (norma legal habilitante + cotización efectiva) para oponerse a pretensiones que pretendan incorporar emolumentos devengados pero no cotizados o no previstos legalmente como base de cotización.
Precedentes que la Sala invoca
- Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 (aplicación del IBL en régimen de transición).
- Consejo de Estado, Sección Segunda: Sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020 (factores salariales computables en el IBL para servidores públicos).
- Normativa relevante: Decreto 546 de 1971, Ley 4 de 1992, Ley 100 de 1993 (artículos 21 y 36), Decreto 1158 de 1994, Decreto 383 de 2013 y Decreto 4040 de 2004.